Introducción

La agricultura sustentable, la seguridad alimentaria y una alta calidad de los alimentos constituyen metas más urgentes que nunca a medida que ingresamos en el nuevo milenio.

En los países en vías de desarrollo el sector agropecuario tiene múltiples funciones: contribuir a garantizar la seguridad alimentaria y salvaguardar el desarrollo rural y proporcionar recursos para el sustento y un nivel adecuado de ingresos para la mayoría de la población, sin destruir la base ecológica. La sustentabilidad agropecuaria consta de dos componentes indisolublemente relacionados, el social y el ambiental.

En los países industrializados están emergiendo rápidamente las fallas del sistema de producción industrial de alimentos. En los dos últimos años la población europea ha tenido que enfrentar los riesgos sanitarios y ambientales de ese sistema de producción, tanto agrícola como pecuario. Al mismo tiempo, las pruebas cada vez más numerosas sobre el riesgo que suponen las técnicas modernas de manipulación genética, o biotecnologías, para la salud y el medio ambiente, están catalizando creciente inquietud pública y científica, inicialmente en Europa, pero ahora también en África, Asia y América Latina y, en los últimos meses, incluso en Norteamérica que es el mayor productor mundial de cultivos modificados genéticamente. En algunos países los gobiernos ya han adoptado medidas preventivas para impedir o frenar la producción comercial y las importaciones de esos productos y, en algunos casos, incluso han llegado a prohibir cierto tipo de tecnologías. Entretanto, la agricultura basada en sustancias químicas, que desde el punto de vista ambiental, social, sanitario y económico constituye un enorme impedimento, continúa extendiéndose a pesar del reconocimiento que hicieron los líderes políticos del mundo en la Agenda 21, donde constataron que esos sistemas de producción estaban manifestándose como insustentables.

Temas e Inquietudes

A diferencia de los sistemas holísticos de agricultura, de vínculos cercanos entre agricultura y ecología, los sistemas modernos de producción surgidos de la posguerra son reduccionistas en su enfoque y favorecen las grandes explotaciones agropecuarias, la producción especializada, los monocultivos y la mecanización, a la vez que ponen en peligro los principios ecológicos y la salud humana. Mientras los primeros daban cosechas y rendimientos modestos pero estables, los segundos arrojaron inicialmente altos rendimientos, que fueron seguidos por niveles decrecientes de productividad por unidad de energía empleada.

La medida de productividad por unidad de tierra (hectárea, fanegada, acre, etc.) también ha estado sesgada a favor de la agricultura industrial. En la India, por ejemplo, las cifras para producción de arroz en predios bajo sistemas de cultivo pre-Revolución Verde fueron comparadas desventajosamente con los índices de rendimiento de las explotaciones bajo monocultivo, sin que se incluyera en la comparación la productividad total de los primeros en términos de los diversos cultivos de rotación, otros cultivos que se siembran junto con el arroz (policultivos), y la ganadería y crianza de animales y aves de corral (Shiva, 1991).

Un informe de 1999 presentado durante la Conferencia de Maastricht mostraba que los pequeños productores rurales producen entre 2 y 10 veces más por unidad de área que los grandes productores empresariales. Las pequeñas explotaciones agropecuarias son “más productivas, más eficientes y contribuyen más al desarrollo económico”, y las comunidades que se encuentran rodeadas de muchas pequeñas explotaciones agropecuarias populosas gozan de “economías más sanas” que aquellas rodeadas por grandes establecimientos agropecuarios mecanizados y despoblados. Los pequeños productores rurales también cuidan mejor los recursos naturales, entre otras cosas reduciendo la erosión del suelo y preservando la biodiversidad , salvaguardando así la sustentabilidad futura de la producción agropecuaria (Rosset, 1999).

La agricultura industrial también significó la sustitución de diversos sistemas agropecuarios de ciclo cerrado, en los que los ciclos de los nutrientes, la energía, el agua y los desechos emulan a los ecosistemas naturales, por sistemas más abiertos que ocasionan derroche en el empleo de los recursos naturales y un grave problema de desechos agropecuarios.

La biodiversidad en cultivos, animales, peces y ecosistemas de suelos que son fundamentales para la agricultura sustentable sigue estando amenazada por los monocultivos o cuasi-monocultivos y el empleo intensivo de agroquímicos. Por ejemplo, por los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPS) –cuyos efectos están bien documentados-- en forma de plaguicidas comerciales y dioxinas (un contaminante industrial) que no sólo contaminan las fuentes naturales de riego de los suelos agrícolas y los territorios indígenas en el mundo entero de los que dependen los agricultores y los pueblos indígenas, sino que también contaminan los peces y la fauna de caza que muchos consumen como base proteica fundamental. Mientras que en algunos países ya no se emplean , estos siguen siendo utilizados muy comúnmente en los países en vías de desarrollo, donde se degradan con dificultad, infligiendo daños a largo plazo sobre los ecosistemas y muchas tierras agrícolas y territorios indígenas. La violación del fundamento espiritual, cultural, social y económico sobre el que se erige la relación de dependencia para el sustento de los pueblos indígenas con sus peces, animales de caza y productos agrícolas tradicionales, contradice sus derechos consagrados y lo estipulado en el párrafo 26.3(I) de la Agenda 21 a tal punto que hay asesores que les aconsejan no comer pescado ni animales cazados.

Si bien el manejo integrado de plagas ha conseguido disminuir el empleo de agrotóxicos, esta sólo constituye una opción intermedia que en nada sustituye el objetivo de una agricultura libre de agroquímicos; más bien se deberían tomar medidas concretas para acelerar la transición hacia este objetivo.

Entretanto, los efectos de los plaguicidas sobre la salud y el medio ambiente continuarán agravándose, especialmente en los países en vías de desarrollo, en una medida proporcional al incremento en el uso de plaguicidas en la agricultura, al menos que se les proporcione montos significativos en recursos adicionales para desarrollar la infraestructura, el equipamiento, los equipos de protección personal, las instalaciones de lavado, el acceso a servicios médicos y el adiestramiento necesarios para ayudar a contrarrestar los efectos nocivos de los plaguicidas sobre los trabajadores rurales y las comunidades que practican la agricultura de pequeña escala.

Sin embargo, ya no se niega el hecho que la agricultura todavía enfrenta una crisis ecológica. Hay dos categorías de ‘enfermedades ecológicas’ asociadas a la agricultura intensiva en uso de capital, energía y agroquímicos (Conway y Pretty, 1991, citados por Altieri, 1999):

a) problemas directamente asociados a los recursos básicos de suelo y agua, entre los que se incluyen la erosión de los suelos, la pérdida de la productividad inherente de los suelos y el agotamiento de sus reservas de nutrientes, la salinización y alcalinización de los suelos (especialmente en las regiones áridas y semiáridas), la contaminación de los espejos de agua y las napas freáticas y la pérdida de suelos aptos para la agricultura a expensas del desarrollo urbano;

b) problemas directamente relacionados con los cultivos, los animales y las plagas, entre los que se incluyen la pérdida de recursos genéticos de especies vegetales y animales cultivadas y silvestres, la eliminación de los enemigos naturales de las plagas, el resurgimiento de plagas y el desarrollo de resistencia genética a los plaguicidas, la contaminación química y la destrucción de los mecanismos de control natural.

No obstante, cada una de esas ‘enfermedades ecológicas’ está comúnmente considerada como un problema particular e independiente, en lugar que como síntoma de un sistema mal diseñado que funciona deficientemente. Bajo condiciones de manejo intensivo, el tratamiento de esas ‘enfermedades’ implica un aumento de los costos en insumos externos, en la medida que la energía que se invierte para producir un cultivo determinado, en algunos sistemas agropecuarios supera el monto de energía cosechada (Altieri, 1999).

Esta crisis de la agricultura industrial no es casual. Es el resultado de la aplicación sistemática del sistema socioeconómico predominante en los últimos cuarenta años o más, que fomenta los monocultivos y el empleo de tecnologías y prácticas agropecuarias de altos insumos. La causa subyacente es el predominio de políticas agropecuarias enfocadas en el logro de metas productivas puramente cuantitativas, en lugar de estar orientadas por un enfoque integrado en pos de sistemas sostenibles de sustento y desarrollo humano para la erradicación de la pobreza en las zonas rurales. Las estrategias económicas y tecnológicas que promueven los grandes donantes y las agencias ejecutantes en el sector agropecuario suelen estar basadas en un modelo de desarrollo neo-liberal que profesa que la incorporación de los pequeños productores rurales al mercado agropecuario mundial constituye la mejor estrategia para su desarrollo humano. Este modelo macro-económico no presta ninguna atención a los límites físicos y biológicos de los ecosistemas agropecuarios y a las características ecológicas del desarrollo humano en general, así como a otros aspectos del desarrollo humano tales como la educación y la prestación de servicios de salud en las zonas rurales.

La agricultura industrial, aparejada con el incentivo del comercio internacional y patrones de consumo que agotan los recursos naturales del planeta, también ha conseguido desarticular el tejido social y cultural de las comunidades agropecuarias, especialmente en los países del Sur y particularmente entre los pueblos indígenas, quienes han sufrido esos efectos de manera aún más dramática. Las mujeres, que en muchas sociedades desempeñaban un papel protagónico fundamental en la toma de decisiones del ámbito agropecuario y en la conservación de semillas, se vieron de pronto desplazadas por la introducción de los monocultivos comerciales. Es más, las mujeres y los niños suelen ser las principales víctimas de la desnutrición que esos monocultivos no han sabido solucionar y que en muchos casos incluso han contribuido a fomentar.

Por eso la problemática de la producción agropecuaria no puede ser entendida únicamente como de orden técnico; por el contrario, se hace imprescindible atender los temas sociales, culturales, políticos y económicos que explican la crisis. Esto es particularmente cierto en estos tiempos en los que prospera el predominio de algunas grandes empresas agroindustriales y de los grandes donantes y las agencias ejecutantes sobre la agenda de desarrollo rural, tanto en el Norte global como en el Sur, a expensas de los intereses de los trabajadores rurales, la agricultura familiar de pequeños predios, las comunidades rurales, la población en general, la flora y fauna silvestres y el medio ambiente (Altieri, 1999; ver también Shiva, 1991).

Desafortunadamente, a pesar que la Agenda 21 reconoce en uno de sus capítulos la insustentabilidad de la agricultura química y las limitaciones de la Revolución Verde, son los mismos intereses empresariales corporativos que ayer fomentaron y se beneficiaron de la primera ‘revolución’ quienes hoy promueven agresivamente la ‘Revolución Genética’ como una panacea. De ahí que el capítulo sobre Biotecnología de la Agenda 21 sea tan exageradamente optimista en sus promesas. Sin embargo, las nuevas biotecnologías basadas en la ingeniería o modificación genética constituyen una de las amenazas más importantes contra la agricultura sustentable y el futuro de las comunidades agropecuarias, especialmente los pueblos indígenas y los agricultores tradicionales. La Comisión para el Desarrollo Sustentable reclamó en su tercera sesión un análisis más equilibrado de las nuevas biotecnologías, a la luz de los crecientes indicios científicos sobre sus riesgos. Desde entonces la querella en contra de esas tecnologías se ha fortalecido progresivamente (ver Rissler y Mellot, 1996; Krinsky y Wrubel, 1996; Snow y Moran, 1997; Ho, 1998; Ho, Ryan y Cummins, 1999; Ryan y Ho, 1999; Epstein, 2000).

Hace ya casi cuatro años que la mayoría de los países están bregando para establecer un convenio internacional vinculante sobre bioseguridad, bajo los auspicios del Convenio sobre Diversidad Biológica. Hay fuerzas e intereses muy poderosos que están impulsando el empleo de esas tecnologías, pero las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos están expresando cada vez con más fuerza sus inquietudes al respecto, tomando incluso medidas concretas en el ámbito nacional y regional. Tenemos las esperanzas puestas en que instituciones intergubernamentales tales como la CDS se hagan eco y reflejen estos puntos de vista emprendiendo acciones representativas del interés público general. Es necesario prestarle particular atención a la vulnerabilidad de los agricultores y los consumidores de los países en vías de desarrollo frente a los riesgos que suponen esas tecnologías y sus productos, dada la falta de información y de capacidad para la bioseguridad allí prevaleciente.

Afortunadamente, el acceso creciente a la información y la conciencia de la sociedad civil, cuyo crecimiento ha estado acompañado de un debate público científico cada vez más prominente, está generando importantes condiciones y oportunidades favorables para emprender medidas preventivas antes que esas tecnologías sean difundidas por todo el mundo. Por ejemplo, la condena pública de la que fue objeto la tecnología ‘Terminator’ en muchos países, diseñada por la Monsanto para suprimir la capacidad reproductiva de las semillas, condujo a que algunos gobiernos la prohibieran y finalmente a que la propia empresa renunciara a sus planes de comercialización, por lo menos por el momento. Asimismo, la moratoria de facto impuesta por la Unión Europea sobre la siembra de cultivos transgénicos con fines comerciales constituye también un hecho de vital importancia, ya que es una opción que suscita cada vez más debate público en todo el mundo, en aras del futuro de la agricultura.

Las enseñanzas de la era química, y especialmente de la Revolución Verde, nos recuerdan que sólo podremos conseguir una sustentabilidad duradera mediante la aplicación de un análisis exhaustivo enfocado en la erradicación de la pobreza en el ámbito rural y orientado hacia la meta del desarrollo humano y formas de sustento sostenibles, y la aplicación de sistemas productivos adecuados a estos fines. De otra manera, cualquier aumento cortoplacista o circunstancial de la productividad agropecuaria se verá pronto anulado por costos ambientales, sanitarios y sociales que finalmente llevarán a pérdidas netas totales. La precaución es aún más urgente al tratarse de tecnologías que pueden ocasionar daños irreparables al ecosistema y la salud humana, y cuando todavía no se han analizado exhaustivamente y cotejado sus riesgos y sus beneficios.

El Camino a Seguir

Ya existe una rica variedad de tecnologías, prácticas e incluso sistemas completos de agricultura sustentable, que viven y prosperan en todo el mundo. Muchos son sistemas indígenas o tradicionales, especialmente en el Sur, que van sobreviviendo al ataque de la agricultura industrial globalizante. En el Norte hay un aumento significativo en la agricultura ecológica/orgánica, que llega a la escala comercial, con base en prácticas que habían sido abandonadas cuando se impusieron los productos químicos y el monocultivo. A medida que la propia comprensión científica del imperativo holístico de la agricultura se vaya haciendo cada vez más interdisciplinaria, la agricultura sustentable se irá integrando como parte cada vez más importante a las políticas agropecuarias oficiales en el ámbito nacional e internacional. El problema no es la técnica, ni la experiencia, ni la viabilidad económica, sino más bien los intereses creados y los obstáculos políticos e institucionales que erigen las tendencias actuales de la globalización.
 En consecuencia, la protección de los sistemas de agricultura sustentable, y en muchos casos la transición hacia ellos, sólo puede tener lugar si se superan los obstáculos subyacentes y se reorientan las políticas para encarar directamente la erradicación de la pobreza y la desnutrición. Esto requiere rediseñar por completo las políticas agropecuarias y el sistema alimentario y trastocar y reorganizar las relaciones de poder que actualmente favorecen a las compañías transnacionales, respaldadas por unos pocos gobiernos claves. Dada la extensión de la globalización, es indispensable dar prioridad a las acciones internacionales, a fin de fortalecer y extender las alternativas sustentables existentes.
 Hace falta una transformación más radical de la agricultura, una transformación guiada por la idea de que es imposible impulsar el cambio ecológico en la agricultura sin modificar sus objetivos estratégicos y sin cambios similares en los ámbitos social, político, cultural y económico que también condicionan la agricultura. El cambio hacia una agricultura socialmente más justa, económicamente más viable y más sana desde el punto de vista ambiental será el resultado de movimientos sociales en el sector rural, en alianza con organizaciones urbanas (Altieri, 1999).
 Este enfoque es consecuente con el llamado de la Agenda 21 a una evaluación exhaustiva de las políticas agropecuarias nacionales, en el contexto de un ambiente internacional favorable.

Llamado a la Acción Institucional y Posibles Asociaciones

Sistemas de producción

1. La CDS debería reclamar más apoyo para el desarrollo y fortalecimiento de las diversas formas y sistemas orgánicos/ecológicos de producción agropecuaria actualmente existentes, incluyendo por igual los sistemas indígenas y tradicionales –particularmente en el Sur—y las técnicas y sistemas desarrollados en el Norte en época reciente.
 Los gobiernos y las instituciones multilaterales deberían eliminar los programas que perpetúan el monocultivo –como los precios subsidiados— y apoyar en cambio, entre otras, las prácticas de rotación de cultivos y policultivo, que forman parte de estrategias ecológicas orientadas prioritariamente hacia los pequeños productores rurales.
 Se recomienda a la CDS que acelere la implementación de la Agenda 21 y del Programa de Acción adoptado en la revisión de la Agenda 21 a los cinco años. Para facilitar esta tarea, se debería evaluar la viabilidad de un mecanismo para que un grupo de trabajo permanente sobre desarrollo rural y agricultura sustentable, integrado por las múltiples partes y sectores interesados, rinda informes periódicos ante la CDS sobre un conjunto de temas, en particular los destacados en los documentos presentados para este diálogo de la CDS 8.

2. El protocolo sobre bioseguridad que se está negociando bajo el Convenio sobre Diversidad Biológica debería quedar terminado lo antes posible, abarcando todos los productos agropecuarios y las semillas genéticamente modificadas. Asimismo debería incorporar principios estrictos de responsabilidad económica (liability) y consentimiento previo informado.
 La bioseguridad debe ser negociada en las Naciones Unidas y no en la Organización Mundial de Comercio (OMC), y la CDS es el foro más apropiado para una revisión continua y amplia de las nuevas tecnologías, que complemente y suplemente la obra del protocolo sobre bioseguridad internacional que se está negociando bajo los auspicios del PNUMA.
 Específicamente, la CDS debería llamar a los gobiernos a actuar en forma individual, regional o concertada en las siguientes áreas:
a) imponer una moratoria sobre la producción comercial de semillas y cultivos modificados genéticamente hasta que se lleve a cabo una evaluación completa y exhaustiva de sus efectos sobre la biodiversidad, el medio ambiente y la salud humana y animal, con participación pública plena y efectiva. Esa evaluación debe incluir consideraciones socio-económicas y los derechos de los pequeños productores rurales y agricultores tradicionales, los pueblos indígenas, las mujeres y los consumidores en general;
(NOTA: hay muchas organizaciones, incluyendo a Greenpeace, la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica (IFOAM - International Federation of Organic Agriculture Movements), la Red Latinoamericana sobre Transgénicos y la Red del Tercer Mundo, que reclaman la prohibición incondicional de los OGMs).
b) Legislar la prohibición inmediata al empleo de genes marcadores de resistencia a los antibióticos en la investigación y el desarrollo de OGMs; c) La prohibición inmediata a la comercialización de cultivos y peces transgénicos; d) Se debería exigir la segregación obligatoria y el cumplimiento de las pautas de rotulación más exigentes para todos los OGMs y sus productos; e) Retirar del mercado los productos alimenticios que resulten perjudiciales para la salud.
 La OMC debería apoyar esas acciones de bioseguridad, de acuerdo con el principio de precaución, y no estimular el comercio de productos peligrosos. En vista de las crecientes pruebas de efectos adversos potenciales y presentes de los OGMs sobre la salud humana, animal y ambiental, es preciso que las leyes de bioseguridad nacionales, regionales e internacionales establezcan responsabilidades, que deberán ser definidas por instituciones independientes identificadas o creadas a tal efecto por esas leyes.
 La OMC debería respetar los acuerdos multilaterales de bioseguridad, y en general debería respetar otros convenios multilaterales, incluyendo las decisiones de la CDS referentes a la sustentabilidad.

3. La agricultura orgánica/ecológica ya dejó de ser nada más que una visión o una posibilidad y su contribución a la agricultura sustentable es ahora una realidad en rápida expansión. Por lo tanto, es el momento para que la CDS promueva la adopción oficial de la agricultura orgánica/ecológica entre los gobiernos y las agencias bilaterales y multilaterales.

4. Con respecto al uso actual e incluso creciente de plaguicidas químicos, la CDS debería:

a) Pedir apoyo para concluir rápidamente el proceso de enmienda del Código Internacional de Conducta sobre Distribución y Uso de Plaguicidas, e impulsar su aplicación; b) Indicar que los niveles máximos admitidos de presencia residual de plaguicidas, que fija el Codex Alimentarius para los productos agropecuarios en el mercado internacional, deben ser tales que aseguren la máxima seguridad para los consumidores. Los niveles residuales nacionales deberían ser coincidentes para así proteger a los consumidores internos; c) Reconocer que en los países en vías de desarrollo no deben emplear plaguicidas que hayan sido clasificados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “extremadamente” o “altamente” peligrosos, y de preferencia tampoco los clasificados como “moderadamente” peligrosos; d) Reclamar que se saquen de circulación y se destruyan en forma segura las montañas de plaguicidas obsoletos acumuladas en los países en vías de desarrollo y los países con economías en transición, que amenazan la salud y el medio ambiente, e introducir normas y capacitación para asegurar que en el futuro no se acumulen cantidades similares en detrimento de las generaciones futuras.

Los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades agropecuarias y los consumidores

1. Es fundamental para el avance de la agricultura sustentable y la seguridad alimentaria, garantizar los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades agrarias sobre las semillas, tierras, aguas y otros recursos naturales. Con ese fin la CDS debería reclamar:

a) Apoyo económico para las actividades agropecuarias orgánicas/ecológicas actualmente en funcionamiento y para las prácticas de transición, incluyendo los programas de manejo integrado de plagas, que empiezan a desvincularse de la producción basada en el monocultivo y los productos químicos,. El blanco de ese apoyo debería ser la agricultura familiar y las comunidades rurales, especialmente las más empobrecidas; b) La eliminación progresiva de los subsidios a las prácticas insustentables; c) Acción de los gobiernos nacionales para concluir la revisión del Emprendimiento Internacional sobre Recursos Fitogenéticos de la FAO, que brinda protección legal para el derecho de los agricultores a poseer, conservar y utilizar semillas tradicionales. El fortalecimiento de los derechos de los agricultores los facultaría para hacer opciones productivas que favorezcan la sustentabilidad; d) La eliminación de los obstáculos que impiden la protección efectiva del conocimiento tradicional e indígena, entre ellos las disposiciones que permiten patentar seres vivos, contenidas en el Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, como parte de la revisión de esas disposiciones dispuesta por la OMC.

Cooperación internacional

1. Es urgente la necesidad de restablecer el compromiso al diálogo y la cooperación Norte-Sur. Ello puede conducir eventualmente al aumento del volumen de la ayuda, a mejores términos de intercambio para el Sur y un mayor equilibrio en las relaciones y estructuras económicas mundiales que le sirven de soporte a la agricultura orgánica/ecológica. La CDS puede hacer una contribución significativa para facilitar ese diálogo.

 Para empezar, es necesario plantear la reforma inmediata de los contenidos de la cooperación para la agricultura y el desarrollo rural y mejorar su calidad. Una revisión seria del pasado y el futuro de las distintas formas de ayuda (bilateral, multilateral, para investigación, en asesoramiento técnico y para proyectos) podría ser un ejercicio valioso, que ayudaría a corregir errores pasados y abrir el camino hacia el desarrollo rural y la agricultura sustentable, objetivo que fue adoptado por la FAO y reafirmado en la Agenda 21.

1. La FAO debería concluir en el año 2000 su trabajo de evaluación de la contribución potencial de la agricultura orgánica/ecológica a los objetivos de la sustentabilidad, y formular e implementar programas de apoyo para ese fin para el 2002, de manera tal que se puedan revisar en Río + 10.

(véase "Evaluating the Potential Contribution of Organic Agriculture to Sustainability Goals", Contribución Técnica de la FAO a la conferencia científica de IFOAM, Mar del Plata, Argentina, 16-19 de noviembre de 1998. Puede encontrarse en la red en el HYPERLINK "http://www.fao.org" www.fao.org)

1. Las ONGs y los movimientos preocupados por la conservación de la biodiversidad, la agricultura orgánica/ecológica y los derechos de los consumidores deberían aumentar y profundizar sus asociaciones, vinculando la conservación, la agricultura orgánica/ecológica y el consumo sustentable en sus políticas y programas.

1. Las tradiciones, los conocimientos, las prácticas y el legado cultural de los pueblos indígenas y otras comunidades agrarias deben ser respetados en todas las políticas, las leyes y las actividades emprendidas tanto por los gobiernos como por asociaciones con ONGs.

1. Además los gobiernos, los movimientos sociales y las ONGs de los países en vías de desarrollo deberían unirse en forma más efectiva para defender sus intereses en negociaciones e instituciones tales como los organismos de Bretton Woods, la OMC y las Naciones Unidas, trabajando en colaboración con otros países interesados.

Patrones de consumo y derechos del consumidor

1. Es necesario instaurar políticas y medidas efectivas para cambiar los patrones insustentables de consumo de productos agropecuarios. Entre esos patrones insustentables se cuenta el consumo excesivo en los países ricos, que provoca una presión inaceptable sobre el espacio ambiental y las tierras cultivables de los países en vías desarrollo.

1. Se debe incentivar al consumo local de los productos de la agricultura sustentable, puesto que eso reduciría los costos de transporte y el desperdicio de energía, además de aumentar el compromiso de los consumidores con los agricultores que producen sus alimentos y con el ambiente local. En este sentido, la CDS debería reclamar apoyo para la agricultura orgánica/ecológica urbana, a fin de que las poblaciones urbanas cada vez más numerosas no aumenten la presión sobre las comunidades rurales y sobre la tierra con su demanda de alimentos.

1. La CDS y los gobiernos nacionales deberían reafirmar e implementar el derecho de los consumidores, individualmente y a través de diversas asociaciones, a la plena información y la elección informada en el mercado. Los Lineamientos de Protección al Consumidor adoptados en 1999 deberían ser implementados plenamente y con urgencia.

Investigación y formulación de políticas

1. La CDS está llamada a desempeñar un papel fundamental de apoyo y reconocimiento de las investigaciones en curso sobre la contribución real de la agricultura orgánica/ecológica a, entre otras cosas, la seguridad alimentaria, la conservación de la biodiversidad, la protección y el mejoramiento del suelo, la conservación del agua y el bienestar socio-económico de las comunidades agrarias y los intereses de los consumidores, y en cristalizar los resultados de las investigaciones en políticas y programas de ejecución a todo nivel.

1. En consecuencia, las prioridades de la investigación oficial y predominante deberían invertirse, desplazando el énfasis en la agricultura industrial y la ingeniería genética hacia la diversidad de opciones orgánicas/ecológicas que ya existen, y enriqueciendo además el conocimiento y la comprensión de más alternativas. Para esto es esencial el apoyo público a la investigación en el ámbito nacional, bilateral, regional y multilateral.

1. Los múltiples valores reales de la agricultura de pequeños predios deben ser reconocidos y reforzados y, además, deberían constituir la base de las políticas de desarrollo rural, agricultura sustentable y seguridad alimentaria.

BIBLIOGRAFÍA

Miguel Altieri, "Ecological Impacts of Industrial Agriculture and the Possibilities for Truly Sustainable Farming", Hungry for Profit, Monthly Review Press, 1999
Mae-wan Ho, Genetic Engineering: Dream or Nightmare, 2da.ed., Gateway, Gill & Macmillan, Dublin, 1999
Mae-wan Ho, Angela Ryan y Joe Cummins, "Cauliflower Mosaic Viral Promoter - A Recipe for Disaster?", Microbial Ecology in Health and Disease, Vol.11(4), 1999
Martin Khor, "Economic Globalisation and Eroding International Cooperation: Implications for Agriculture and Rural Sustainability", Red del Tercer Mundo, 1997
S. Krimsky y R.P. Wrubel, Agricultural biotechnology and and the environment: science, policy and social issues, University of Illinois Press, 1996
Jane Rissler y Margaret Mellon, The ecological risks of engineered crops, MIT Press, Cambridge, 1996
Peter Rosset, The Multiple Functions and Benefits of Small farm Agriculture in the Context of Global Trade Negotiations, Institute for Food and Development Policy, EE.UU.y el Transnational Institute, Países Bajos, 1999
Angela Ryan y Mae-wan Ho, "Transgenic DNA in Animal Feed", Institute of Science in Society, 1999
Vandana Shiva, Violence of the Green Revolution, Red del Trercer Mundo, 1991
Vignola Declaration and Action Plan, IUCN-IFOAM-AIAB, 23 de mayo de 1999

* Preparado por Chee Yoke Ling, Red del Tercer Mundo, con aportes importantes de los miembros de la Comisión de ONGs sobre Sistemas Alimentarios y Agricultura Sustentable (SAFS), de la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sustentable.